Apreciados compañeros,
En primer lugar vamos a tratar un
tema que está siendo muy frecuente en las últimas campañas de renta debido a la
crisis económica y los impagos salariales.
De entrada hemos de advertir que
estas situaciones de salarios impagados o reclamados judicialmente no tienen
nada que ver con los famosos atrasos salariales que en algunas ocasiones
perciben los trabajadores.
La tributación de los atrasos salariales no presenta ninguna
complicación:
En
cuanto a su imputación temporal, el artículo 14.1 a) de la LIRPF, establece,
como regla general, que los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo
en que son exigibles por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado
2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, en su
letra b), dispone:
“b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.
La
autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se
perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el
impuesto.
En
este supuesto, por tanto, no deberemos incluir los atrasos en el ejercicio en
que se perciben sino en el que fueron exigibles. Esto supone, por tanto,
presentar declaraciones complementarias de esos ejercicios.
Pero
hay que tener en cuenta que si el trabajador no percibido la totalidad de los
salarios y están pendientes de cobro del FOGASA o de la empresa, no deberá
inicialmente consignar en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al ejercicio en cuestión los rendimientos del
trabajo que se le adeudan. A partir del momento en que perciba el pago, del
FOGASA o de la empresa, deberá declarar los rendimientos percibidos,
imputándolos al correspondiente período de su exigibilidad, mediante, en su
caso, una autoliquidación complementaria, teniendo de plazo para su
presentación hasta el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por
el impuesto, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.
Por
tanto, en estos supuestos podemos aligerar la carga fiscal de los
contribuyentes no declarando estos
salarios dejados de percibir. En este supuesto es aconsejable adjuntar un
escrito en la declaración de la renta explicando que salarios se han tributados
y cuales no y adjuntando algún medio de prueba.
Ahora
bien, no hemos de olvidar de hacer las autoliquidaciones complementarias cuando
estos salarios se cobren.
No obstante, en el supuesto que los
salarios dejados de percibir sean objeto de una reclamación judicial es decir, rentas no satisfechas por
encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su
percepción o su cuantía, los rendimientos se considerarán exigibles en el
período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.
Por
tanto, en estos supuestos tampoco tendremos que declarar los salarios objeto
del pleito judicial y que no se han cobrado en el ejercicio fiscal en que se
devengaron, pero sí que deberemos incluirlos en el ejercicio fiscal en que la
sentencia adquiera firmeza (aquí ya no deben hacerse declaraciones
complementarias de ningún tipo).
Uno
de los errores que se están detectando por parte de la Agencia Tributaria es
que muchos contribuyentes no declaran correctamente estas rentas en el
ejercicio en que la sentencia adquiere firmeza (cuando previamente no
tributaron por estas rentas al estar pendientes de reclamación judicial) lo que
está ocasionando numerosas liquidaciones complementarias.
Por
ello deberemos estar vigilantes si alguno de nuestros clientes se encuentra en
este supuesto para advertirle que regularice estos salarios en el momento que
corresponda, que no es otro que el período impositivo en que la resolución
judicial adquiera firmeza.
En segundo lugar informar que en el BOE del 17 de octubre, se ha
publicado la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que
convalida las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio. Esta ley recoge con alguna mínima
diferencia, las novedades que ya introdujo el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio.
Os recordamos las medidas más
importantes que fueron aprobadas por el real decreto ley y ahora convalidadas:
I.
NOVEDADES TRIBUTARIAS
-Con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no
prescritos, se declara exenta en el IRPF
la ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de
la dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a
la vivienda habitual del contribuyente.
En todo
caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de
otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de
la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.
-Con
efectos desde el 1 de enero de 2014, se permite en el IRPF la compensación de
las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de
participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos
instrumentos, generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas
positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de
la transmisión de elementos patrimoniales
-El porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los
rendimientos derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento
cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente
al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más
del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades
económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.
Para la
aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia
de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la
comunicación debidamente firmada.
-Se
introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos
imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, una exención en el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las
personas físicas que transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o
como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o
garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de
otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de
la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.
A estos
efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.
-La
aprobación de impuestos autonómicos posteriores al inicio de la tramitación
legislativa del precepto por el que se creó el Impuesto sobre los Depósitos en
las Entidades de Crédito, hace necesaria esta modificación urgente con el
objeto de garantizar una tributación armonizada de los depósitos constituidos
en las entidades de crédito en todo el territorio español. A tal fin, se establece,
con efectos desde el 1 de enero de 2014, un tipo de gravamen del 0,03 por
ciento, cuya recaudación será destinada a las Comunidades Autónomas donde
radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las que se
mantengan los fondos de terceros gravados. Además, se introducen mejoras
técnicas en la configuración de la base imponible del Impuesto.
II. NOVEDADES SEGURIDAD
SOCIAL
-Se regula el régimen de implantación del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la
ocupación.
El
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se regula en el capítulo I, tiene
como finalidad principal que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados
en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores
de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, puedan recibir una oferta de empleo,
educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la
educación formal o quedar desempleadas
-Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten
de forma indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona
beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayor de 16 años y menor
de 25, y en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento mayores de 16 años y menores de 30, disfrutarán de una
bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la
Seguridad Social por un importe de 300 euros.
-La duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada
la empresa o el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis
meses desde el inicio de la relación laboral. En caso de incumplimiento de esta
obligación se deberá proceder al reintegro de la bonificación.
Asimismo,
las empresas o trabajadores autónomos, estarán obligados a incrementar con la
nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo
total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el
periodo de disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se
tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado
servicios en los treinta días naturales anteriores a la celebración del
contrato.
-Las prácticas
curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de
formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a
trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General
de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, desarrollada por
el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula los términos
y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de
las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación
del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de
agosto de 2014.
-Se
extiende a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, así como a
los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales, las
reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la
Seguridad Social por contratación indefinida previstas en el Real Decreto-ley
3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la
contratación indefinida. También se incluye un mandato al Gobierno para que
proceda a la reordenación normativa de los incentivos al autoempleo en el
ámbito de empleo y Seguridad Social
III. OTRAS NOVEDADES
La
competencia para la llevanza del Registro Civil se atribuye a los Registradores
que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, en su condición de
funcionarios públicos, como con claridad resulta del artículo 274 de la Ley
Hipotecaria; funcionarios especializados con una contrastada y satisfactoria
experiencia en registros de personas aun cuando estas fueran jurídicas, de
forma que aquellas oficinas adquieran la condición de Oficinas del Registro
Civil y Mercantil. Esta atribución se realiza en ejecución de la efectiva
desjudicialización del Registro Civil ya consagrada en la ley actual, con el
fin de lograr un incremento de las economías organizativas, de gestión y de
escala, así como una mayor eficacia y celeridad en el funcionamiento del
sistema registral civil.
Esta
modificación entrará en vigor en julio de 2015. A partir de la entrada en vigor
en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará
encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada
momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su
competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro
Civil y Mercantil.
-Se
agiliza el procedimiento de apertura de establecimientos comerciales.
-Se
reduce el umbral de población de los municipios de más de 200.000 habitantes a
más de 100.000 habitantes y el de las pernoctaciones de más de un millón de
pernoctaciones a más de 600.000 pernoctaciones, con el fin de elevar el número
de ciudades españolas que están obligadas a declarar al menos una zona de gran
afluencia turística
-En
coherencia con estas modificaciones de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales, se establece que las comunidades autónomas donde se
ubiquen municipios que hayan cumplido estos requisitos en el año 2013 deberán
declarar al menos una zona de gran afluencia turística en dichos municipios en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y que,
en ausencia de tal declaración, estos municipios dispondrán de plena libertad
de horarios comerciales durante todo el periodo anual en todo su ámbito.
-Respecto
a las tarjetas de crédito se regula la limitación de las tasas de intercambio
es aplicable a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago, con una
limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% en crédito. Para pagos inferiores a
20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y del 0,2%
en tarjetas de crédito. Adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito,
el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que
aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.
En
concreto, la limitación de las tasas de intercambio es aplicable a las
operaciones efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2%
en débito y 0,3% en crédito. Para pagos inferiores a 20 euros se establece un
umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito.
Adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la
tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para
todos los pagos de importe superior a 35 euros.
-En
materia energética se adoptan una serie de medidas dirigidas a garantizar la
sostenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a
establecer un sistema de eficiencia energética en línea con las directrices
europeas.
-Respecto
a las ETT se regula la supresión de la
autorización administrativa previa para el ejercicio de la actividad como
agencia de colocación sustituyéndola por una declaración responsable, que
tendrá validez en todo el territorio nacional desde el momento de su
presentación
Ver BOE-2014-10517
Ver BOE-2014-10517
Para cualquier duda o aclaración
contactar con josepmpanyos@yahoo.es
José M Paños
Pascual
Abogado/ gestor
administrativo
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