NOTA SOBRE DIVERSAS CUESTIONES DE INTERES PARA LA PROFESION

Apreciados compañeros/as,

Os informamos de diversas cuestiones de interés para nuestra profesión:

En primer lugar indicaros que respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ha sido publicada la Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (B.O.E. 11-12-2013

El apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por el apartado dos del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y por el apartado uno del artículo 9 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

Para atender la solicitud de los Ayuntamientos para la aplicación de dichos coeficientes para el año 2014 es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2014 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2009.

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 15 de noviembre de 2013, dado que el plazo general previsto en el artículo 32.2.c) de la Ley del Catastro Inmobiliario se ha visto ampliado en 2013, por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Esta orden, por tanto, aprueba la relación de municipios que se establece en el anexo a la presente orden, a los efectos de la aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos para el año 2014, que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, de conformidad con el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

En segundo lugar informaros de la a mi entender preocupante sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona, de fecha 19 de noviembre de 2013, número de sentencia 412/13.

En dicha sentencia se declara ilegal el período de prueba de un año que estableció el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores.

Recordemos que el real decreto-ley 3/12 de 10 de febrero establece:

“Artículo 4 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en este artículo.

2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formalizará por escrito en el modelo que se establezca.

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso

Vemos como es la propia ley la que regula el marco normativo aplicable respecto al período de prueba donde se establece de una manera que no ofrece duda ninguna “que será de un año en todo caso.”

Pues bien, el Juez entiende que esta disposición contraviene lo dispuesto en la Carta Social europea de 1961 (ratificada por España) y por tanto declara el despido improcedente  al exceder del período de prueba que marca el convenio aplicable al caso, con todas sus consecuencias legales.

Sigo insistiendo que es imposible tomar decisión alguna en nuestro país mientras sigamos instalados en una permanente inseguridad jurídica donde cualquier autoridad se arroga el derecho de interpretar las normas jurídicas dejando las reformas aprobadas en aguas de borrajas. De esta manera, a la hora de aconsejar a nuestros clientes las ventajas fiscales de este contrato de trabajo, no estará de más avisarles sobre esta sentencia y su posible consolidación en el futuro.

Si el camino de esta sentencia prospera, que espero que no, volveremos  a dejar en nada medidas necesarias para reactivar nuestra economía, volviendo a dejar a los agentes económicos sumidos en un mar de dudas y el primero, yo, ya que al final a mis clientes tendré que decirles lo mismo que decía el gran Sócrates: “solo sé que no sé nada”.

En tercer lugar, otra sentencia interesante a comentar, se trata de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala de lo contencioso, de fecha 7 de junio de 2012, número de sentencia 892, donde trata sobre las sanciones por conducir utilizando el teléfono móvil.

La sentencia aporta argumentos para recurrir las sanciones por infracción consistente en “conducir utilizando telefonía móvil” (sanción que conlleva pérdida de puntos del permiso de conducir).

Dice la sentencia de manera muy acertada que “los motivos del recurso han de ser estimados toda vez que, en efecto, en el boletín de denuncia extendido por el agente de la autoridad no consta fehacientemente si la infracción presuntamente cometida consistía en “conducir utilizando dispositivo de telefonía móvil” o “cualquier otro que exija el empleo de las manos”, ya que se hacen constar las dos expresiones lo cual constituye una indeterminación proscrita en el derecho sancionador porque impide o limita los medios de defensa.”

Además se acredita en el caso de autos que el vehículo poseía sistema de “manos libres” que evita el uso del teléfono, sino que además se acredita que en la hora señalada en la denuncia no se realizó ninguna llamada desde el teléfono de vehículo.

La posibilidad de que el apelante llevará además otro teléfono móvil distinto del vehículo constituye una mera suposición o especulación no probada y no puede fundamentar la sanción.

En esta sentencia tenemos, por tanto, una batería de argumentos para recurrir las sanciones en estos supuestos.

En cuarto lugar destacar la consulta vinculante  V3072-13 de fecha 16/10/2013 sobre la entrega de viviendas a los socios de una sociedad por un valor de mercado muy inferior al coste de adquisición.

NUM-CONSULTA	V3072-13
ORGANO	SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
FECHA-SALIDA	16/10/2013
NORMATIVA	TRLIS/ R. D Leg 4/2004, de 5 de marzo, art. 10.3, 15 y 19
DESCRIPCION-HECHOS	La entidad consultante posee unas viviendas autopromovidas en el año 2009 y reflejadas en su contabilidad por su valor de coste. Debido a las circunstancias del mercado no se ha podido realizar venta alguna y actualmente el precio de mercado es muy inferior al coste de adquisición. La consultante va a realizar una distribución no dineraria de beneficios, mediante la atribución a sus socios de dichas viviendas.
CUESTION-PLANTEADA	Si podría repartir dividendo mediante la transmisión de dichos inmuebles por un valor (el de mercado) que sea inferior al coste de adquisición. Si serían deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las pérdidas generadas en esta transmisión.
CONTESTACION-COMPLETA	En primer lugar, la entidad podrá distribuir dividendos mediante la entrega de unos inmuebles en la medida en que cumpla con los requisitos mercantilmente previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio), no siendo dicha cuestión competencia de este Centro Directivo. En segundo lugar, en relación con la distribución de dividendos en especie, mediante la entrega de elementos patrimoniales de la entidad consultante a sus socios, el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo), establece: 2. Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de estos, reducción del capital con devolución de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. Se entenderá por valor normal del mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se aplicarán los métodos previstos en el artículo 16.3 de esta Ley. 3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d) la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere este artículo se efectuará en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas. 5. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los socios el valor normal de mercado de los elementos recibidos. Por tanto, la renta negativa que se ponga de manifiesto en los elementos patrimoniales que se entregan a los socios a través de la operación de distribución de dividendos, formará parte de la base imponible de la entidad. No obstante, si dicha pérdida se correspondiera con un deterioro de los citados inmuebles que se hubiera producido en ejercicios anteriores no reconocido en la contabilidad, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 19.3 del TRLIS, según el cual: “3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente. Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los apartados anteriores. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.”

Una interesante consulta que nos abre la posibilidad de distribuir dividendos mediante la asignación de inmuebles a los socios por el valor real de mercado (inferior al coste de adquisición) generando rentas negativas en la sociedad.

Y por último tener en cuenta una serie de disposiciones aprobadas este mes de diciembre, en concreto:

A) Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimiento os de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. (B.O.E. 6-12-2013).

Este real decreto introduce modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, básicamente para adecuar tales textos reglamentarios a recientes modificaciones incorporadas en los textos legales que regulan dichos tributos, como las añadidas al ordenamiento a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

B) El RD 828/2013 de 25 de octubre introduce las siguientes modificaciones:

Exención de los servicios prestados por entidades sin finalidad lucrativa: reconocimiento previo.

El artículo 5 RIVA queda derogado para adaptar el RIVA a la supresión por parte de la Ley 17/2012 de la exigencia legal de solicitud de autorización previa por la Administración Tributaria como requisito para la aplicación de las exenciones a que se refieren los números 6º y 12º del artículo 20.Uno LIVA (servicios prestados por uniones o agrupaciones de interés económico y por organismos sin finalidad lucrativa a sus miembros).

Asimismo, en el artículo 6 RIVA se suprime el reconocimiento previo del carácter social de entidades o establecimientos privados como requisito para la aplicación de las exenciones previstas en los apartados 8º, 13º y 14º del artículo 20.Uno LIVA aunque se podrá solicitar, con carácter vinculante para la Administración su calificación como tales. Dichas exenciones se aplicarán siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20.Tres LIVA con independencia del momento en que se obtenga la mencionada calificación.

Operaciones aduaneras exentas.

Se modifican los artículos relativos a las exenciones ligadas a las operaciones aduaneras para adaptarlos a los cambios en los procedimientos aplicables:

-En suministros de bienes o avituallamiento a buques y aviones (artículo 10 RIVA) las operaciones serán documentadas ante la Aduana por el proveedor.

-En las operaciones relacionadas con zonas y depósitos francos y regímenes suspensivos, reguladas en los artículos 11 y 12 RIVA, se suprime la obligación de declaración ante la Aduana, estableciendo la responsabilidad de la justificación de la exención en el adquirente de los bienes o receptor de los servicios exentos, quien deberá entregar al transmitente o prestador de los servicios una declaración suscrita por él donde manifieste la situación de los bienes, para lo cual podrá utilizar un formulario disponible en la sede electrónica de la AEAT.

-Se adapta la acreditación de la exención de los servicios relacionados con las importaciones prevista en el artículo 19 RIVA a la relación privada entre declarante, el importador y el prestador del servicio exento. Dicha justificación podrá realizarse por medio de la aportación de una copia del ejemplar del DUA de importación con el código seguro de verificación  y la documentación que justifique que el valor del servicio ha sido incluido en la base imponible declarada.

Modificación de la base imponible por créditos incobrables y concurso del destinatario.

La nueva redacción del artículo 24 RIVA, en sus apartados 1 y 2 incorpora los siguientes cambios: 

Se exige al sujeto pasivo, como condición para la modificación de la base imponible, la acreditación de la remisión de la factura rectificativa al destinatario.

CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014, la obligación de comunicación de las modificaciones de bases imponibles, tanto para el acreedor como para el deudor, debe realizarse por medios electrónicos, en un formulario específico disponible en la sede electrónica de la AEAT.

Los documentos que acompañen la comunicación mencionada por parte del acreedor deberán remitirse a través del registro electrónico de la AEAT

En caso de concurso del destinatario de las operaciones (artículo 80.Tres LIVA):

Las facturas rectificativas serán también remitidas a las administraciones concursales.

Se elimina de los documentos que deben presentarse en la AEAT acompañando a la comunicación de modificación de base imponible, la copia del auto judicial de declaración de concurso.

El destinatario-concursado deberá incluir en la declaración-liquidación relativa a hechos imponibles anteriores al concurso los ajustes derivados de aquellos supuestos en que éste no tenga derecho a la deducción total del impuesto por la parte de la cuota rectificada no deducible y cuando el periodo de liquidación en que debería efectuarse la rectificación estuviera prescrito.

NOTA: La Ley 7/2012 modificó el artículo 114.Uno.2º LIVA, con la doble finalidad de que el destinatario de las operaciones declarara el ajuste positivo que provoca la factura rectificativa en un periodo anterior a la fecha de la declaración del concurso, de manera que la deuda tributaria derivada del citado ajuste tuviera la calificación a efectos del concurso de “crédito concursal” y de llevar la rectificación al mismo periodo en que el destinatario-concursado se había practicado la deducción.

Se precisa que el destinatario o, en su caso, la administración concursal deberá presentar la rectificación en el mismo plazo que la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hubieran recibido las facturas rectificativas.

Nuevos supuestos de inversión de sujeto pasivo: comunicación.

 En relación con los nuevos supuestos de inversión de sujeto pasivo introducidos en la Ley 37/1992 por la Ley 7/2012 en las letras e) y f) del artículo 84.Uno.2º (entrega de bienes inmuebles con renuncia a la exención, entregas en ejecución de garantía constituida sobre inmuebles y ejecuciones de obra de urbanización de terrenos o construcción o rehabilitación de edificaciones) se incorpora un nuevo artículo 24 quater RIVA donde:

Se establecen determinadas obligaciones de comunicación para los empresarios o profesionales que realicen estas operaciones y para los destinatarios de las mismas respecto a los requisitos previstos para la aplicación de la inversión del sujeto pasivo.

Tales comunicaciones deberán efectuarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios

Se establece la posibilidad de acreditar por los destinatarios mediante declaración escrita firmada por éstos la concurrencia de determinadas circunstancias (que actúan en su condición de empresarios o profesionales, que tienen derecho a la deducción total del impuesto soportado por las adquisiciones de los bienes inmuebles y que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones), respondiendo solidariamente de la deuda tributaria en el caso de que mediante dicha declaración se eluda la correcta repercusión del impuesto, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

 Régimen especial del criterio de caja- RECC.

 CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014:

 Se añade un Capítulo VIII en el Título VIII (artículo 61 septies y sig.) dedicado al desarrollo reglamentario de este nuevo régimen introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:

-Se establecen los términos de la inclusión y la renuncia al régimen, que se ejercitarán mediante la presentación de declaración censal en los plazos correspondientes.

-Se prevé la exclusión del RECC, con efecto en el año inmediato posterior aquél en que se superen los límites, cuando el volumen de operaciones durante el año natural supere los 2.000.000 €, así como cuando el total de cobros en efectivo que realice respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere los 100.000 €.

-Se amplía la información a suministrar en los libros registro generales para incorporar las referencias a las fechas de cobro o pago y del medio utilizado, para los sujetos pasivos acogidos al RECC. Del mismo modo, se aplica a los no acogidos al RECC pero que resulten ser destinatarios de operaciones afectadas por el mismo (art. 63 y 64 RIVA).

Se incluye un nuevo apartado 5 en el artículo 69 RIVA donde se precisa que las operaciones deberán anotarse en los libros registro en los plazos establecidos como si no les hubiera sido de aplicación el RECC y completarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos.

Situaciones de declaración de concurso.

De acuerdo con la previsión introducida en el artículo 99.Cinco de la Ley 37/1992 por la Ley 7/2012, el artículo 71 RIVA regula la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, dividiendo el periodo normal de declaración en dos periodos según se trate de hechos imponibles anteriores o posteriores al auto de declaración de concurso y la posibilidad de compensación entre las mismas.

Otras modificaciones

-La flexibilización del ámbito objetivo de aplicación del tipo impositivo del 4% a la adquisición de vehículos para el transporte habitual de personas con movilidad reducida o con discapacidad en sillas de ruedas, por personas o entidades que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia y de integración social de las personas con discapacidad contemplado en el artículo 26 bis.Dos RIVA. En concreto, se permite la aplicación del 4% aunque no hubieran transcurrido cuatro años desde la adquisición de otro vehículo siempre que se destinen al transporte habitual de distintos grupos definidos de personas o se utilicen en distintos ámbitos territoriales o geográficos.

Se precisa que se considerarán personas con movilidad reducida los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad siempre que cuenten con el certificado o resolución expedidos por el IMSERSO u órgano competente de la CCAA, acreditativo de la movilidad reducida.

-La simplificación del procedimiento para el ejercicio de la opción por la aplicación de la regla de prorrata especial regulado en el artículo 28.1 RIVA, permitiendo su ejercicio en la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural con la regularización de las deducciones practicadas durante el mismo.

Se exceptúan los supuestos de inicio de la actividad o de sector diferenciado.

El ejercicio de dicha opción vincula al sujeto pasivo durante tres años naturales, considerando como primer año natural el correspondiente al que se refiere la opción ejercitada.

Para el ejercicio 2013 la opción podrá ejercitarse mediante presentación de declaración censal en el mes de diciembre de este año.

-La exclusión de la aplicación del régimen de estimación objetiva del IRPF prevista en el artículo 36.2 RIVA supondrá la exclusión en ese mismo año del régimen simplificado del IVA.

-La modificación del plazo de presentación de las autoliquidaciones del IVA previsto en el artículo 71.4 RIVA, eliminando la excepción existente para la liquidación del mes de julio, que se ingresará por los obligados tributarios el día 20 de agosto en lugar del 20 de septiembre.

-La adaptación de las referencias del Reglamento del impuesto a las modificaciones habidas en materia de facturación, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2013, del nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

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FACTURACIÓN

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CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014:

El artículo cuarto del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre: 

-Se excepciona en el artículo 3.2 la no obligación de emitir factura, en los casos de prestaciones de servicios definidas en los artículos 20.Uno.16º y 18º LIVA en los casos de operaciones realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla por empresarios distintos de entidades aseguradoras y de crédito.

-Se incluyen en los artículos 6, 7 y 11 las referencias correspondientes derivadas del RECC (mención del RECC en el contenido de las facturas, plazo para la expedición)

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DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

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El artículo segundo del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el RD 520/2005, de 13 de mayo:

En el artículo 14.2.c) se concreta el requisito de que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas señalando que en los casos de autoliquidaciones a ingresar sin ingreso efectivo del resultado de la autoliquidación, sólo procederá devolver la cuota indebidamente repercutida que exceda del resultado de la autoliquidación que esté pendiente de ingreso. 

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DECLARACION ANUAL OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS-MOD. 347

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CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014:

El artículo tercero del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el RD 1065/2007, de 27 de julio:

Ámbito subjetivo (artículos 31 y 32)

Pasan a incluirse como obligados a presentar la declaración las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal así como determinadas entidades o establecimientos de carácter social, con determinadas excepciones.

-Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán suministrar información no sólo de las operaciones por las que emitan factura sino también de aquellas por las que reciban factura y estén anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas.

 Contenido de la declaración (artículo 33) 

 Los sujetos pasivos acogidos al RECC y los destinatarios de sus operaciones deberán incluir en su declaración anual de forma separada los importes devengados durante el año natural conforme a la regla general de devengo (artículo 75 LIVA) y de acuerdo con los criterios del régimen especial (artículo 163 terdecies LIVA).

-Se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 € exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas AAPP a una misma persona o entidad. 

 Cumplimentación (artículo 34) 

 -En el caso de empresarios o profesionales establecidos en otro Estado miembro que carezcan de NIF, se deberá consignar el número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por dicho Estado.

-Deberán identificarse separadamente las operaciones en las que se produzca la aplicación de la inversión del sujeto pasivo en el IVA, las que se vinculen al régimen de depósito distinto del aduanero y a las que se aplique el RECC.

-Se precisa que la obligación de presentar el modelo 347 por parte de la Administración General del Estado respecto a las operaciones realizadas con cargo al Presupuesto de gastos del Estado por el procedimiento de Pago directo se realizará mediante el envío de dicha información de manera única y centralizada a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

 Imputación temporal (artículo 35)

 -La información se suministrará exclusivamente atendiendo a su cómputo anual, en los supuestos de la información a presentar por los sujetos acogidos al RECC, por las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal y, en cuanto a las operaciones afectadas por el RECC, por los destinatarios de las mismas. 

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DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES INCLUIDAS EN LOS LIBROS REGISTRO-MOD. 340

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 CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014:

El apartado once del artículo tercero del RD 828/2013  reduce el ámbito subjetivo de la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340) a los sujetos pasivos del IVA o del IGIC que estén incluidos en el registro de devolución mensual. 

Para cualquier duda o aclaración contactar con josepmpanyos@yahoo.es

José M Paños Pascual

Abogado/ gestor administrativo.