Apreciados compañeros:
En primer lugar informaros que en la página web de la AEAT ya está
disponible el simulador confeccionado por la Agencia
Tributaria que facilita la realización de los cálculos y permite simular el
resultado de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
referida al ejercicio fiscal 2014, a presentar en 2015.
Este servicio de ayuda calcula el resultado de la hipotética declaración,
que no tiene validez jurídica, en función de los datos introducidos por el
propio contribuyente. Es un instrumento de utilidad para quien quiera
planificar o conocer con antelación cuál podría ser la cuota a ingresar o a
devolver en su futura declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Los resultados no son vinculantes para la Agencia Tributaria.
En segundo lugar
comentar dos consultes vinculantes muy interesantes de la DGT. La primera trata de los beneficiós fiscales que se pueden obtener
por la constitución de un patrimonio protegido: Consulta V2936-14
La
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE de 19 de noviembre),
regula en sus Capítulos I y II los requisitos para la constitución del
patrimonio protegido del discapacitado y las reglas de su funcionamiento, y en
su Capítulo III establece una serie de beneficios fiscales para dicho
patrimonio.
En lo que se refiere al IRPF, los beneficios fiscales establecidos por la Ley 41/2003 mediante modificaciones en la Ley 35/2006, de 26 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, de no Residentes y sobre Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF son los siguientes:
El tratamiento de las aportaciones realizadas en el IRPF del aportante se regula en el artículo 54 de la LIRPF, que establece, entre otras reglas, que las aportaciones realizadas al patrimonio protegido por los padres del titular de dicho patrimonio y las personas designadas en dicho artículo reducen la base imponible de los aportantes en la cuantía del valor de lo aportado, con el límite individual de 10.000 euros anuales para cada uno de los aportantes, no pudiendo exceder de 24.250 euros anuales el
conjunto
de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones
a favor de un mismo patrimonio protegido, según establece el apartado 1 de
dicho artículo 54.
En caso de concurrencia de varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, el citado artículo 54.1 dispone que las reducciones correspondientes a dichas aportaciones habrán de ser minoradas de forma proporcional sin que, en ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas físicas que realicen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido pueda exceder de 24.250 euros anuales.
No generarán el derecho a reducción las aportaciones de elementos afectos a la actividad que efectúen los contribuyentes de este Impuesto que realicen actividades económicas, ni las asignaciones a dicho patrimonio efectuadas por la propia persona con discapacidad titular del patrimonio protegido.
En cuanto al tratamiento de la parte de la aportación que exceda de los referidos límites, el apartado 2 del artículo 54 establece:
“2. Las aportaciones que excedan de los límites previstos en el apartado anterior darán derecho a reducir la base imponible de los cuatro períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes máximos de reducción.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará aplicable en los supuestos en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible.
Cuando concurran en un mismo período impositivo reducciones de la base imponible por aportaciones efectuadas en el ejercicio con reducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se practicarán en primer lugar las reducciones procedentes de los ejercicios anteriores, hasta agotar los importes máximos de reducción.”
En cuanto al importe atribuible a la aportación, el apartado 3 del artículo 54 se remite para su determinación al artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24 de diciembre).
Por otro lado, el artículo 33.3.e) de la LIRPF establece que se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad. En caso de aportaciones no dinerarias, la letra b) de la disposición adicional decimoctava de la LIRPF, establece que “…la persona con discapacidad titular del patrimonio protegido se subrogará en la posición del aportante respecto de la fecha y el valor de adquisición de los bienes y derechos aportados, pero sin que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de aplicación lo previsto en la disposición transitoria novena de esta Ley (coeficientes de reducción aplicables a la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994).”
Por último, en cuanto a la tributación que corresponde en el IRPF al titular del Patrimonio Protegido, la disposición adicional decimoctava de la LIRPF establece, entre otras reglas relativas a la aportación, que las aportaciones realizadas por contribuyentes del IRPF tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta los 10.000 euros por cada aportante, y 24.250 euros anuales en su conjunto.
El exceso sobre dichas cuantías tributará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La parte de la aportación sujeta al IRPF como rendimiento del trabajo, conjuntamente con las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que se refiere el artículo 53 de la LIRPF - sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad-, está exenta hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (artículo 7.w) de la LIRPF).
En todo caso debe resaltarse que la aplicación de los anteriores beneficios fiscales requiere, además del cumplimiento de los requisitos fiscales establecidos en la normativa del IRPF (entre los cuales se encuentran los límites relativos a la disposición de aportaciones establecidos en el artículo 54 de la LIRPF), que las aportaciones realizadas a favor del discapacitado se efectúen con los requisitos y de acuerdo con el procedimiento que, para la constitución del patrimonio protegido del discapacitado y para las aportaciones efectuadas a dicho patrimonio, establece la referida Ley 41/2003, cuyo artículo 3, entre otros requisitos, exige su constitución en documento público autorizado por notario, o bien mediante resolución judicial.
Por su parte, el artículo 4.1 de la citada Ley establece que “Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior para su constitución.”
La segunda consulta
trata sobre la cuestión de los alquilares con opción de compra formalizados
antes del 1 de enero 2013. Se plantea la cuestión de que si se ejercita la
opción de compra después del 1 de enero de 2013 es possible aplicar la
deducción por adquisición de vivienda habitual. La respuesta es negativa: Consulta V2103-14
La
fecha de transmisión de inmuebles se determinará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 1.462 del Código Civil, el cual dispone:
“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
Cuando
se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá
a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no
resultare o se dedujere claramente lo contrario.”
A mayor ahondamiento, para determinar la fecha de transmisión, debe tenerse en
consideración
que el Derecho español, según el Tribunal Supremo y la opinión mayoritaria de
la doctrina, recoge la teoría del título y el modo, de tal manera que "la
constancia de un contrato de compraventa en documento privado no transfiere por
sí sola el dominio si no se acredita la tradición de la cosa vendida"
(Sentencia de 27 de abril de 1983). La tradición puede realizarse de múltiples
formas, entre las que pueden citarse para los bienes inmuebles: la puesta en
poder y posesión de la cosa vendida, la entrega de las llaves o de los títulos
de pertenencia o el otorgamiento de escritura pública; dicho otorgamiento,
conforme dispone el Código Civil, equivale a la entrega siempre y cuando de
ésta no resulte o se deduzca lo contrario.
En el presente caso, los consultantes manifiestan haber satisfecho cantidades desde marzo de 2012 en virtud de un contrato de arrendamiento con opción a compra respecto de la que desde entonces constituye su residencia habitual, ejercitando, finalmente, la opción de compra en enero de 2013, quedando ello reflejado en escritura pública de dicho año. Siendo así, aunque la vivienda haya sido puesta a disposición de sus futuros adquirentes en marzo de 2012, esto se hace en el ejercicio de un contrato distinto al de compraventa, no concurriendo, por tanto, el título y modo requerido para producirse la transmisión del inmueble. Transmisión que, de acuerdo con los datos aportados, se produce en el acto de otorgación de la escritura pública en enero de 2013, concurriendo en el mismo título y modo.
Siendo así, al adquirir jurídicamente la vivienda en 2013 no le será de aplicación el régimen transitorio regulado en la disposición adicional decimoctava de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), introducida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre (BOE de 28 de diciembre), que suprime el apartado 1 del artículo 68 de la Ley del Impuesto en el que se regulaba la deducción por inversión en vivienda habitual.
Para cualquier duda o aclaración
contactar con josepmpanyos@yahoo.es
José M Paños
Pascual
Abogado/ gestor
administrativo.
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